En defensa del impuesto a los combustibles

Andrés Sanfuentes

La existencia del impuesto a los combustibles ha provocado una polémica entre la UDI y Renovación Nacional; unos por suprimirlo, otros por mantenerlo, situación que ha llegado incluso al gabinete.

Obviamente el tributo no fue establecido para perjudicar a las clases medias, como intentan sugerir algunas voces. Aparte de su naturaleza recaudadora (contribuiría con el 6,4% de los impuestos, según la ley de Presupuestos de 2011), tiene por finalidad básica ayudar a mejorar el medio ambiente, a lo cual se suman financiar la infraestructura vial y alguna progresividad en la tributación.

El impuesto se aplica al consumo de combustibles, tales como la gasolina automotriz, el petróleo diésel, el gas licuado y el kerosene doméstico. Es específico, gravando con un monto fijo por m3 adquirido.

Varios argumentos se han esgrimido en su contra. El último es que afecta a la clase media, la “niña bonita” del último año, desde que se descubrió, con razón, que había estado fuera de las preocupaciones de los últimos gobiernos, incluido el de Piñera. A pesar que el 80% de los chilenos se autoclasifica en los segmentos medios, solamente 1/3 de las familias chilenas tiene automóvil, los cuales no pertenecen a los más pobres del país. Por ese motivo, Claudio Agostini ha señalado que si bien el tributo no es un modelo de progresividad, el índice de Suits refleja que ella existe; así lo han ratificado los académicos de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Según un estudio de Harald Beyer, comparado internacionalmente, el tributo chileno no está entre los más elevados, por lo tanto, su monto no es un argumento válido.

Otra razón que se ha esgrimido es que desalienta el crecimiento. Sin embargo, no constituyen un insumo importante en ninguna industria y, en el caso del dieéel, las empresas afectas reciben en compensación la devolución del IVA, aparte de estar gravado con una menor tasa específica.

Los reclamos contra el precio de los combustibles tienen su origen en las fluctuaciones semanales, aparte de su nivel. Las oscilaciones debieran estar reguladas por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Su papel es evitar las fluctuaciones erráticas de corto plazo, de manera que se sigan las tendencias de mediano plazo del precio internacional en dólares. En el último tiempo las variaciones han sido generadas por alzas en el precio del dólar, por lo tanto, hay que ir a llorar al Banco Central, que las ha permitido. El funcionamiento del fondo ha sido modificado recientemente por ley, corrigiendo anomalías anteriores.

Se ha cuestionado el impuesto señalando que los peajes por el uso de la infraestructura vial justifican su eliminación, porque habría un cobro duplicado. Sin embargo, gran parte de la vialidad no está afecta a pagos y el objetivo básico del tributo es resarcir a la sociedad de las externalidades generadas por el uso de combustibles (contaminación, congestión y accidentes del tránsito) y, en ese sentido está bien diseñado, pues es de monto fijo y, al igual que el perjuicio, es independiente del precio del petróleo.

Lo que no tiene sentido es que exista un monto diferente para el consumo de gasolina y de diésel.

Los efectos sobre los segmentos más pobres de la población se deberían resolver mediante subsidios, algún “bonito” tan popular en los últimos tiempos. Si se quiere favorecer a la clase media, no es un buen mecanismo fomentar el consumo de bencina reduciendo su precio, sino acabar con los abusos que la afectan, como su acceso al crédito en condiciones angustiosas, tanto en las tarjetas de crédito como en el CAE que financia la educación terciaria de sus hijos, las condiciones abusivas que afectan tanto a consumidores como asalariados y a las pequeñas y microempresas,
En términos de equidad, es preferible utilizar el impuesto a los combustibles para financiar el ingreso ético familiar propuesto por el presidente Piñera y que se supone será apoyado por la UDI.